PLENO ORDINARIO (1).
DESARROLLO
Y VOTACIONES:
1.- LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE,
DE LOS BORRADORES DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.
-PSOE.
A favor. –PP. A favor. –IU. A favor. –PCG. A favor.
2.- RESOLUCIONES, INFORMES Y
CORRESPONDENCIA DE INTERES.
3.-NOMBRAMIENTO COMISION PARA LA
RECUPERACION Y MEJORA GEOMETRICA DE LA LINEA JURISDICIONAL DEL TERMINO DE SANTA
AMALIA.
1-PSOE. 1–PP.
1–IU. 1–PCG. 1-Secretaria.
1-Tecnico independiente.
-PSOE.
A favor. –PP. A favor. –IU. A favor. –PCG. A favor.
4.-APROBACION PROVISIONAL DE LA
ORDENANZA REGULADORA DE INSTALACION DE VELADORES EN EL TERMINIO MUNICIPAL DE
GUAREÑA.
Intervención de izquierda Unida.
Buenas noches a todos.
Como dicen en nuestro pueblo “por fin nos pario madre”. Y pario la tan esperada actualización de la ordenanza de terrazas y veladores para el sector de la hostelería.
Una ordenanza que Izquierda Unida reclamaba insistentemente en la anterior legislatura, de hecho fueron innumerables los ruegos y preguntas sobre este tema los que realizo Izquierda Unida para regular sobre todo, las llamadas carpas que ocupan la vía pública y que en las actuales ordenanzas no estaban contempladas.
Con fecha 24 de septiembre de 2013 y 27 de Enero de 2015, se tuvieron dos comisiones en la anterior legislatura, para la actualización de la actual ordenanza, sin que llegara a materializarse, a pesar de contar con un borrador y dos informes de la Policía Local.
En Izquierda Unida hemos hecho un pequeño esfuerzo de tiempo para estudiar la propuesta de actualización de la ordenanza, dado el poco tiempo disponible, con una campaña electoral y unas elecciones de por medio.
Somos conocedores que el tiempo ha corrido en nuestra contra, pero el sector hostelero no puede esperar más.
Faltan solo 8 días para que finalice el año y con la entrada del nuevo año los hosteleros deben de renovar sus permisos para la instalación de terrazas y veladores.
Con la actualización de esta ordenanza se verá beneficiado el sector hostelero por diversos motivos, a nuestro entender, como son:
-Nuevos tramos más flexibles en las tasas de ocupación por sillas y mesas.
-La introducción de permisos de temporada y anuales.
También se verán beneficiados los usuarios al contemplar la obligatoriedad de un seguro de responsabilidad civil.
Estas medidas ya se expusieron en las comisiones antes mencionadas en la anterior legislatura.
En esta ordenanza Izquierda unida ha pedido que el horario de instalación de sillas y mesas se retrase una hora para garantizar el derecho al descanso, así como que no tuviese contradicciones con la ordenanza para el fomento y la protección ciudadana .
Además Izquierda Unida ha solicitado que dada la urgencia de aprobación para el sector hostelero, esta ordenanza quedase abierta a futuras modificaciones para mejorarla.
Por tanto Izquierda Unida votara a favor de la ordenanza, principalmente para beneficiar al sector hostelero, que dicho sea de paso, es un sector que aporta impuestos a las arcas municipales y empleo a la población. Así como de una vez por todas regular de forma fiscal la ocupación de suelo público con las carpas o como se llama en esta ordenanza terrazas de veladores con cerramientos estables y permanentes.
-PSOE.
A favor. –PP. Abstención. –IU. A favor. –PCG. Abstención.
5.-MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL I.U: DECLARACION DE MUNICIPIO OPUESTO A LA
APLICACIÓN DEL TRATADO TRASATLANTICO DE COMERCIO E INVERSION (T.T.I.P).
En 2013, la
Comisión Europea recibió el mandato de los estados miembros de la Unión Europea
(UE) de negociar con los Estados Unidos (EEUU) el Tratado Transatlántico del
Comercio y de la Inversión (ATCI, más conocido como TTIP por sus siglas en
inglés), también conocido como Acuerdo
Trasatlántico de Libre Comercio (TAFTA) presuntamente con el fin de incrementar
el comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos, reduciendo las barreras no
arancelarias, con objeto de conseguir crear empleo, crecimiento económico y
mejora de la competitividad.
Desde
entonces, la Unión Europea y Estados Unidos están negociando, de espaldas a la
ciudadanía y a sus representantes políticos (parlamentos nacionales y europeo)
un amplio acuerdo de liberalización de comercio e inversiones, que representa
un serio peligro para la democracia y la debida protección de los derechos laborales, medioambientales y
de salud, anteponiendo el interés comercial de los inversores y empresas
transnacionales (ETN) al interés general. La información es muy limitada y la
práctica de implicar solamente a un número muy pequeño de agentes para seguir
las negociaciones es fuertemente criticada por los municipios y las ciudades,
ya que el resultado de dichas negociaciones tendrá implicaciones importantes
para ellas.
Los
gobiernos regionales dentro de la Unión Europea tienen el derecho a ser
informados sobre la legislación que va a ser acordada a nivel europeo y que les
afecta, para que así puedan expresar sus opiniones. Ese derecho no se ha
facilitado hasta ahora a las distintas regiones europeas respecto a las
negociaciones que se vienen produciendo con relación al Tratado Transatlántico
del Comercio y de la Inversión.
Estados
Unidos y la Unión Europea intentan incluir en el Tratado Transatlántico del
Comercio y de la Inversión medidas para la protección de los inversores. En el
caso de presentarse conflictos por parte de dicho colectivo con el estado, una
Comisión de Arbitraje será quien se encargue de resolverlos, la denominada
“Investor-to-State Dispute Settlement” (ISDS). Este órgano tendría competencias
para establecer compensaciones económicas de los estados a los inversores
siempre que estos demuestren que aquellos aplican ciertas medidas (tales como el aumento en estándares de la protección
del medio ambiente) o que reduzcan los beneficios futuros de una compañía.
El Estado en este caso puede recurrir
judicialmente la decisión y le pueden dar la razón, pero le va a suponer
unos costes procesales muy elevados. Además, las decisiones de los órganos de
arbitraje son firmes y no pueden ser apeladas.
Aunque las
reglas de organismos similares a la Comisión de Arbitraje (ISDS) son bastante
comunes en los acuerdos de libre comercio entre los Estados Unidos o la Unión
Europea con los países emergentes con objeto de garantizar cierta
previsibilidad de las decisiones legales, éstas no son necesarias en países con
sistemas legales y judiciales altamente desarrollados, tales como la Unión
Europea y los Estados Unidos.
Así mismo,
a la ciudadanía le interesa que los servicios públicos sean eficientes para
asegurar una buena calidad de vida. El tratado de Lisboa concede a los Estados
Miembros de la Unión Europea la competencia para definir y organizar los
servicios del interés general. Por lo tanto la terminología del acuerdo tiene
que ser la misma de los tratados de la Unión Europea, especialmente el Tratado
de Lisboa, ya que éste desempeña un papel esencial respecto a los “servicios
del interés general”. Por ello resulta inadecuado el término “utilidades
públicas”, utilizado en la terminología del acuerdo.
Los
servicios públicos continúan evolucionando con los cambios políticos,
tecnológicos y sociales. En contraste con ello, los acuerdos comerciales
implican a menudo el riesgo de restringir las políticas públicas con “cláusulas
freno”, especialmente en el campo de los servicios públicos.
En lo que
se refiere a la contratación pública, el objetivo que se pretende con el
Tratado Transatlántico del Comercio y de la Inversión es mantener el Acuerdo de
Contratación Pública (GPA) de la Organización Mundial del Comercio (WTO) hasta
crear un nuevo acuerdo mejorado. El Acuerdo de Contratación Pública (GPA) está siendo utilizado por la Comisión de la
Unión Europea como justificación para reducir las garantías en la ley de la
contratación pública.
Cualquier
clase de acuerdo, incluyendo la contratación pública debe conducir a aumentar
las garantías y no a reducirlas. Ese acuerdo no debe a su vez poner en peligro
los aspectos progresivos de la ley de contratación pública de la Unión Europea,
especialmente los que facilitan el desarrollo regional y local. Estos aspectos
son importantes ya que permiten que se realicen las contrataciones públicas
teniendo no solo en cuenta el precio sino también otros aspectos como los
medioambientales y los sociales.
El Tratado
Transatlántico del Comercio y de la Inversión, al perseguir la liberalización
total de los servicios públicos y la apertura de prestación de los mismos a las empresas
transnacionales (ETN), así como a las
compras y licitaciones de bienes y
servicios de las Administraciones Públicas, pone en peligro todos los servicios
públicos y las compras públicas, en todos los niveles de poder, y compromete la
habilidad de los representantes elegidos para administrar libremente sus
comunidades locales y promocionar la industria, empleo e iniciativas locales.
De este
modo, las leyes del comercio priman sobre cualquier otra consideración social,
e ignoran cualquier legislación continental, nacional, regional o local. Las
comunidades locales se encuentran ellas mismas dominadas por ajustes estructurales
restrictivos debidos a los acuerdos y las políticas de libre comercio y de
protección del inversor. Esta lógica desmantela los servicios públicos y
suprime la libertad de los poderes locales para suministrar los servicios
públicos y satisfacer las necesidades sociales de sus poblaciones, atendiendo a
políticas y planes de desarrollo industrial y de fomento de la industria y
empleo locales.
Las
ciudades y los municipios europeos reconocen la importancia del comercio de
mercancías y de servicios para el bienestar de la ciudadanía. Sin embargo, la
competitividad y el desarrollo económico no deberían ser los únicos criterios
para determinar los acuerdos comerciales tales como el Tratado Transatlántico
del Comercio y de la Inversión. Así mismo, los aspectos ecológicos y sociales
tienen que ser considerados en cualquier negociación comercial bilateral.
También es importante que se realice un análisis comparativo sobre los costes
que se generarían en estos ámbitos con la aplicación del tratado respecto a las
supuestas ventajas que reportaría el mismo. Este análisis no sólo debe implicar
sus efectos económicos potenciales, sino también los impactos que el Tratado
Transatlántico del Comercio y de la Inversión podría tener en ámbitos como el
social, el económico, el sanitario, el cultural y el medioambiental, tanto en
la Unión Europea como en los Estados
Unidos.
Las Administraciones Locales:
*Al estar cerca de las necesidades de sus
pueblos, tienen el deber de injerencia respecto a lo que trama el Tratado Transatlántico del Comercio y de la Inversión, y un
deber de respuesta, si no quieren verse acusadas de no ayudar a la población y
al planeta en peligro
*Siendo los canales adecuados para promover
los servicios públicos y la industria y empleo locales, se esfuerzan para su
promoción como respuesta al interés común
*Están obligadas a resolver los retos
sociales, económicos y medioambientales y, consiguientemente, a defender la
universalidad de los servicios públicos y la protección de la ciudadanía
Las colectividades locales desean
ampliar el debate público y democrático sobre lo que está verdaderamente en
juego tras este Acuerdo y la suerte que correrán los servicios y compras públicos:
*El comercio y la inversión solamente pueden
contribuir al bien común y conducir a intercambios económica y socialmente
beneficiosos si respeta las necesidades humanas en todo lugar, y no se basa
únicamente en el beneficio de los especuladores financieros y de las empresas
multinacionales
*La eliminación programada y progresiva de los
servicios públicos es al mismo tiempo la eliminación programada y progresiva de
la solidaridad y la democracia
*La apertura máxima de los servicios y las compras públicas a la competencia
produce efectos contraproducentes en cuanto a su accesibilidad, su calidad y su
coste
*Los derechos sociales son derechos
inalienables, por lo que no pueden depender exclusivamente de la lógica del
mercado
*Sólo la existencia diversificada de servicios
públicos socialmente útiles, permite asegurar una calidad de vida digna para
todos y en todas partes, en estrecho nexo con el ejercicio real de la
democracia
*El control público debe preservarse para
garantizar el acceso a los bienes comunes y a la creación de nuevos servicios
públicos, así como para favorecer la industria y empleo locales
Por todo ello proponemos la siguiente:
1.-Declarar a éste Municipio de Guareña como
Municipio insumiso y opuesto al Tratado Transatlántico del Comercio y de la Inversión,
defendiendo los servicios públicos básicos para la solidaridad y redistribución
social.
2.-Solicitar del Ministerio de
Administraciones Públicas del Gobierno de la Nación su apoyo a todas las
iniciativas dirigidas a mantener el carácter público de los llamados servicios
socialmente útiles.
3.-Solicitar del Ministerio de Economía la
suspensión de las negociaciones del Tratado
Transatlántico del Comercio y de la Inversión y otros
acuerdos comerciales similares, con la finalidad de conseguir:
*Qué
mecanismos como la Comisión de Arbitraje (ISDS) no sean incluidos en éste ni
ningún otro tratado.
*Defender la
actual política reguladora de la Unión Europea y de sus Estados de manera que
no se pierdan competencias en materias de legislación social, protección al
consumidor y medio ambiente.
*Que el tratado
no se limite a objetivos meramente económicos y se le dé la misma importancia y
sean de tratados de igual forma en el acuerdo los objetivos sociales y los
ambientales.
*Que se termine
la actual falta de transparencia de las negociaciones, se haga pública toda la
información y se abra un debate público en la Unión Europea y sus respectivos
parlamentos nacionales.
*Que los servicios públicos y la propiedad intelectual sean
excluidos del acuerdo.
1ª Intervención de izquierda Unida.
Supongo que es un segundo turno de intervenciones, si hay ha habido habido alusiones.
Agradecemos el voto de Plataforma Ciudadana.
Somos conscientes que esta cuestión estamos sobradamente de
acuerdo las dos formaciones, para Izquierda Unida le hubiera gustaba que en
esta cuestión que en el fondo estamos de acuerdo, pero que en lo practico vamos
por separado, haberlo hecho de forma conjunta, de la misma forma que en el
Parlamento Europeo colaboran en contra del Tratado Transatlántico de Comercio e
Inversión.
Para nosotros lo importante es la consecución del objetivo final y
no quien lo consiga, si es de forma conjunta más fuerza tendremos para la
consecución de este objetivo final.
Vuelvo a reiterar el agradecimiento del voto a favor de Plataforma
Ciudadana.
Al Partido Popular le diría que esto afectara muy negativamente a
la agricultura, y por lo tanto a los agricultores de Guareña.
Y en Guareña afecta por ejemplo, por poner un ejemplo, les voy a
poner un ejemplo.El contrato de AQUALIA y a ser demandado el Ayuntamiento pues
por perdida del equilibrio económico-financiero, a resarcir a la empresa por
esas pérdidas o a subir las tasas del agua a los vecinos del pueblo. No es algo
nuevo, ya en Noviembre de 2007 se subieron esas tasas alegando esa pérdida del
equilibrio económico-financiero.
Por poner otro ejemplo el Gobierno de España se enfrenta a varias
demandas por la reforma del sector eléctrico, demandas que pagaremos todos los
españoles, y que de estar en vigor este tratado seria aun peor.
No era tampoco competencia municipal, yo sé que ustedes se
abstienen siempre en estas cuestiones, menos en una. Cuándo se solicitó la
dimisión de Monago, del Ex Presidente del Gobierno de Extremadura, por los
viajes a Canarias, no era de nuestra competencia, pero ustedes no se
abstuvieron en ese punto, en esa moción en concreto.
El Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversión no es otra cosa
más que favorecer a las grandes Corporaciones Transacionales, de ahí el
secretismo con el que se lleva la negoción, donde ni tan siquiera los
representantes políticos de las naciones tienen acceso.
Sera perjudicial porque estaremos en manos de cuatro grandes
empresas.
Los representantes del pueblo no tendrán capacidad de hacer leyes
que beneficien al conjunto de la nación, porque si una de esas grandes
multinacionales opina que esas leyes le son perjudiciales, la nación se
enfrentaría a unas indemnizaciones
multimillonarias que pagaríamos todos.
Nos afectara en materia laboral, medio ambiental y sanitaria.
Penalizan a un gobierno por tratar de garantizar los Derechos Humanos de las
personas, la salud, el derecho al agua, a la electricidad. Por mejorar y
salvaguardar los derechos laborales, sanitarios, medioambientales, etc.
Porque no se podrá legislar en materia laboral, esas Corporaciones
Transacionales podrán decidir sobre los derechos laborales, sobre los sueldos,
las jornadas laborales, etc.
Porque esas Corporaciones Transacionales podrán demandar a la
nación si creen que la protección del medio ambiente les perjudica, es decir
podrán realizar las contaminaciones que crean pertinente para sus beneficios.
Porque en materia de protección sanitaria, como bien ha dicho el
Señor Presidente, podrán comercializar
productos o alimentos con sustancias que en Europa están prohibidas, también lo
ha referido Eva, la Portavoz de Plataforma.
Los tribunales de arbitraje, si esas Corporaciones Transacionales
creen que las leyes de un país democrático, les son perjudiciales, con la
entrada en vigor de este tratado podrá demandar a los estados en unos
Tribunales de Arbitrajes, no los sistemas judiciales de cada país, es decir,
los defensores del sistema de arbitraje dicen que los tribunales nacionales no
son neutros, cuestionan los sistemas judiciales de los países de la Unión
Europea, hoy por hoy, los más democráticos que existen en el mundo.
Pueden decidir penalizar a un gobierno por tratar de garantizar
los Derechos Humanos de las personas a la salud, el acceso al agua o a la
electricidad y tienen poder de desviar el dinero de los contribuyentes a las
corporaciones.
Estos Tribunales de Arbitrajes lo componen tres personas que son
los árbitros y que son abogados de bufetes internacionales con intereses
económicos y de puertas giratorias con las grandes empresas.
Los árbitros pueden llegar a ganar hasta 350.000 €, por lo que
existe lo que se llama una autentica industria del arbitraje, a estos
árbitros-abogados les interesa que las Corporaciones Transacionales demanden a
los estados. Solo los inversores (corporaciones) pueden demandar y los estados
los demandados, no al revés. Los árbitros pueden llegar a ganar hasta 350.000 €
y son círculos muy cerrados.
Por lo tanto ante la pérdida democrática de Soberanía por parte del Pueblo ante los
intereses de Grandes Corporaciones Transaccionales.
Por la defensa de los intereses colectivos del conjunto de la
ciudadanía y de sus derechos, laborales, sanitarios, de pensiones.
Por la defensa de nuestra agricultura y nuestro medio ambiente.
Les pido el voto favorable.
Y según los técnicos de Hacienda, las grandes empresas y fortunas
son responsables de más del 70 % del fraude fiscal, que cuantifican en 42.700
millones de euros, datos del año 2011.
Esto bueno, también trae consecuencias como más movimiento de libre circulación de capitales, con las
consecuencias en la Haciendas Públicas de los países, con un movimiento hacia los
paraísos fiscales.
Caso, lo he adjuntado en el dosier, en la moción, en el anexo,
como la trama masiva para las multinacionales por quienes fueron Ministros de
Finanzas de Holanda y Luxemburgo y ahora son Presidente de la Comisión Europea
y Presidente del Euro Grupo o TROYKA.
Apelo al voto favorable de los concejales socialistas, con los que
compartimos muchas bases de votantes y aún creen posible un frente amplio de
cambio, de los que se sienten socialistas, de los que se sienten cercanos al
pueblo y lejos de las oligarquías financieras que destruyen derechos al pueblo,
de los concejales socialistas herederos de Pablo Iglesias, de Largo Caballero,
de Margarita Nelken, les pido que defiendan al pueblo y voten a favor de la moción.
No, es solo una pequeña pincelada y es al Portavoz del Partido Popular, el señor Guisado, porque parece que tiene flaca la memoria y eso que sucedió hace solamente un año, fue en el Pleno del 26 de Noviembre de 2014, “Exigir la dimisión del Presidente del Gobierno de Extremadura Don José Antonio Monago Terraza”, el Partido Popular voto en bloque en contra.
Nada más.
-PSOE.3 A favor y 3 abstenciones. –PP. Abstención. –IU. A favor. –PCG. A favor.
Noticia de El Periodico Extremadura-El Pleno aprueba una moción que rechaza el TTIP
6.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Ruegos y preguntas de izquierda Unida.
-Con fecha de 30 de Julio de 2009 se
aprobó por unanimidad la moción de Izquierda Unida de requerir a la Junta de
Extremadura la instalación de peraltes en las carreteras EX 105, Guareña-D. Benito, y en la EX
338 Guareña-Oliva de Mérida, cuyo ancho sea igual o similar a señalización de
paso de peatones pintados en el suelo, en los tramos comprendidos entre la
rotonda del Parque de San Ginés y 200 metros antes de llegar a Mercoguadiana y
rotonda del parque San Ginés hasta 200 metros antes de llegar al Polideportivo
Municipal. Los de Carretera de Don Benito se instalaron, pero los de la
Carretera de Oliva de Mérida no, por lo que les ruego que se realicen las
gestiones necesarias para la instalación
de lo aprobado por Pleno en este tramo de carretera.
-Con fecha de 6 de Junio de 2014 se aprobó por unanimidad la moción de
Izquierda Unida de requerir a Diputación de Badajoz la mejora de la Carretera
BA-V-6042 Guareña-Cristina, en el tramo de travesía urbana de Guareña.
Nuevamente les ruego que realicen las gestiones oportunas ante Diputación, para
que las realicen a la mayor brevedad posible dado el peligro de dicha travesía.
-Según la prensa regional, parece ser
que el nuevo Gobierno de Extremadura, presidido por el socialista aunque de
pasado de Alianza Popular, Guillermo Fernández Vara, pretende pagar la renta
básica con dinero destinado a los municipios del Fondo de Cooperación
Municipal, de ser así supondría una merma importantísima de ingresos a los
ayuntamientos. Ayuntamientos como el de Guareña que dan muchísimos servicios no
propios y que mantienen cierto nivel de bienestar en nuestros vecinos. Señor
Presidente nos puede contestar a lo siguiente:
¿En
caso de ser cierta la noticia, tiene usted conocimiento de cuando dinero vendrá
de menos a Guareña?
¿Se
verán afectados los servicios que presta nuestro Ayuntamiento por este
importantísimo recorte en ingresos?
PLENO ORDINARIO (2).
DESARROLLO
Y VOTACIONES:
1.- LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE,
DE LOS BORRADORES DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.
Se
pospone para próximo Pleno.
2.- RESOLUCIONES, INFORMES Y
CORRESPONDENCIA DE INTERES.
3.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
FELICITACION DE IZQUIERDA UNIDA.
Quienes conformamos Izquierda Unida de Guareña deseamos hacerles llegar a ustedes, nuestras más sinceras felicitaciones a toda la Corporación, sobre todo hacerla extensiva a los trabajadores municipales que con su esfuerzo y tesón, hacen posible el día a día de estas fiestas, su puesta a punto y celebración; también y en especial a todos los vecinos de nuestra hermosa localidad, Guareña, para que disfruten en la intimidad de sus hogares de estas fiestas tan entrañables y conserven la esperanza y la ilusión de otro mundo más humano, más solidario y mejor para nuestros hijos. Salud, Trabajo y Amor.
No hay comentarios:
Publicar un comentario