40 Aniversario de la Matanza de los abogados de Atocha.
ENLACE-La Sexta Columna. Atocha 1977: los mártires de la democracia
La noche del 24 de enero de 1977 un comando ultraderechista penetró en un despacho de abogados laboralistas de Comisiones
Obreras (CCOO) y militantes del Partido
Comunista de España (PCE), situado en el número 55 de la calle de Atocha y abrió fuego
contra los allí presentes, matando a cinco personas y dejando heridas a cuatro.
Los terroristas llamaron al timbre del piso entre las
22:30 y 22:45. Eran dos jóvenes con armas de fuego con quienes iba
una tercera persona, encargada de cortar los cables del teléfono y registrar los
despachos.
Como consecuencia de los disparos resultaron muertos
los abogados laboralistas Enrique Valdevira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz y Francisco Javier Sauquillo Pérez del Arco; el estudiante de
derecho Serafín Holgado; y el administrativo Ángel Rodríguez Leal. Resultaron gravemente heridos Miguel Sarabia Gil, Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, Luis Ramos Pardo y Dolores González Ruiz, casada con Sauquillo.
Una de las abogadas del bufete,la actual Alcaldesa de
Madrid, Manuela
Carmena, pudo evitar el atentado porque Luis Javier Benavides le había pedido usar
su despacho para una reunión.
Al entierro de las víctimas de Atocha asistieron más
de cien mil personas. Fue la primera manifestación multitudinaria de la
izquierda después de la muerte del dictador Franco, y transcurrió en
silencio y sin incidentes. Le siguieron importantes huelgas y muestras de
solidaridad en todo el país, además de un paro nacional de trabajadores el día
después del atentado. En abril, tres meses después, la legalización se
oficializó el día conocido como “Sábado
Santo Rojo”, por ser sábado de la Semana Santa.
Se detuvo a José Fernández Cerrá, Carlos García Juliá
y Fernando Lerdo de Tejada en calidad de autores materiales de los hechos, y a
Francisco Albadalejo Corredera –secretario provincial del Sindicato
Vertical del transporte, estrechamente vinculado con la mafia del transporte– como autor
intelectual. También fueron detenidos Leocadio Jiménez Caravaca y Simón Ramón
Fernández Palacios, excombatientes de la División Azul, por suministrar las
armas, y Gloria Herguedas, novia de Cerrá, como cómplice. Sin embargo los
propios agentes declinaron cobrar la recompensa por su captura. Durante el
juicio se llamó a declarar a conocidos dirigentes de la extrema derecha,
como Blas Piñar y Mariano Sánchez Covisa.
El tribunal que dictó sentencia el 4 de marzo de 1980 consideró que los procesados Francisco Albadalejo (secretario del
Sindicato Vertical del Transporte Privado de Madrid y vinculado a FET de las JONS), José Fernández Cerrá,
Carlos García Juliá y Leocadio Jiménez Caravaca constituían un "«grupo
activista e ideológico, defensor de una ideología política radicalizada y
totalitaria, disconforme con el cambio institucional que se estaba operando en
España»". El fallo condenó a José Fernández Cerrá y Carlos García Juliá a
un total de 193 años a cada uno de ellos, y a Francisco Albadalejo, a un total
de 73 años.
El juez de la Audiencia
Nacional encargado del caso, Rafael Gómez Chaparro, se negó a investigar más
allá de los encausados comentados. La fuga antes del juicio de Lerdo de Tejada,
que continúa en paradero desconocido a pesar de que su delito prescribió en
1997, durante un extraño permiso penitenciario por Semana Santa que Gómez
Chaparro le concedió en abril de 1979, contribuyó a profundizar estas dudas que
han perdurado hasta la actualidad. Además, Simón Ramón Fernández Palacios,
falleció el 23 de enero de 1979.
La Audiencia Nacional condenó a los acusados a un
total de 464 años de cárcel. José Fernández Cerrá y a Carlos García Juliá,
autores materiales de los hechos a 193 años de prisión cada uno; 63 años a Francisco
Albadalejo Corredera (fallecido en prisión en 1985); 4 años a Leocadio Jiménez Caravaca (fallecido en 1985 de cáncer de
laringe), y a Gloria Herguedas Herrando, a un año.
García Juliá se fugó también 14 años después, al serle
concedida la libertad condicional con todavía pendientes más de 3800 días o
unos 10 años de prisión. Sería detenido a los dos años en Bolivia, esta vez por narcotráfico, y allí permanece en
prisión, requerido por las autoridades judiciales españolas. Fernández Cerrá
puesto en libertad tras 15 años en la cárcel, algunos lo sitúan trabajando en
una empresa de seguridad.
Jaime Sartorius, abogado de la acusación
particular, declararía años después: Faltan las cabezas pensantes. No nos dejaron investigar. Para nosotros,
las investigaciones apuntaban hacia los servicios secretos, pero sólo
apuntaban. Con esto no quiero decir nada.
