MOCION:RECLAMAR LA PARALIZACIÓN DE LOS CORTES DE
LUZ A LAS FAMILIAS CON PROBLEMAS ECONÓMICOS EXIGIENDO AL GOBIERNO UNA TARIFA
ASEQUIBLE A LA QUE PUEDAN ACOGERSE LOS CONSUMIDORES DOMÉSTICOS Y UNA AUTÉNTICA
TARIFA SOCIAL PARA FAMILIAS CON BAJOS NIVELES DE RENTA.
Desde el
estallido de la crisis en 2007 la pobreza energética se ha convertido en uno de
los principales problemas sociales y económicos en España, al haberse sumado al
desempleo y a la reducción de salarios una escandalosa subida de la tarifa
eléctrica.
7 millones
de personas tienen dificultades para pagar la factura de la luz y más de 5
millones se quedarán sin calefacción durante este invierno. Aunque cada año
mueren en España más personas por falta de suministros en sus hogares que por
accidentes de tráfico, los afectados por la pobreza energética siguen siendo
invisibles.
Causa
importante de esta grave situación se encuentra en los aumentos indiscriminados
de las tarifas de la luz. Tan sólo en los últimos seis meses, el recibo se encareció
en un 25%. Las grandes compañías se niegan sistemáticamente a realizar una
auditoría que permita determinar los costes reales de la producción eléctrica y
promueven un sistema que favorece la especulación. Es imprescindible que haya
mayor transparencia para poder acabar con los abusos en la factura eléctrica.
Las tres
mayores eléctricas se han embolsado más de 56.000 millones de euros en
beneficios desde el inicio de la crisis, mientras sostienen una deuda
millonaria con la ciudadanía. Entre 1998 y 2006, las grandes eléctricas
cobraron ilegalmente más de 3.500 millones de dinero público en concepto de
Costes de Transición a la Competencia (CTCs).
Las dos
sentencias dictadas el pasado octubre por el Tribunal Supremo por las que se
anula el sistema de financiación del bono social evidencian el fracaso del
actual modelo energético, obligando a los usuarios a indemnizar a las
eléctricas con más de 500 millones.
Además, el
actual bono social no soluciona el problema de la pobreza energética, ya que
sigue suponiendo una tarifa muy elevada y ni siquiera se aplica por criterios
de renta. Se trata de una medida meramente cosmética que ha dejado fuera a dos
terceras partes de las personas afectadas, a la vez que subvenciona a hogares
con rentas altas.
Por su
parte el oligopolio eléctrico ha abusado de su situación de privilegio
vulnerando los derechos de los consumidores. Necesitamos acabar con la
dramática situación de pobreza energética que viven millones de personas en
nuestro país.
Resulta urgente que España respete los
compromisos adquiridos en el marco internacional y garantice el cumplimiento
del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la
Observación general Número 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, según las cuales un nivel de vida digno requiere de una vivienda
adecuada con acceso a suministros básicos como luz, agua y calefacción.
Del mismo modo necesitamos que se
cumpla la legislación europea sobre suministro eléctrico, que obliga a los
Estados miembros a proteger a los usuarios vulnerables y a prohibir los cortes
de luz en periodos críticos (artículo 3 de la Directiva 2009/72/CE, de 13 de
julio de 2009).
Por todo lo expuesto, el
Grupo Municipal de Izquierda Unida propone a este Pleno del Ayuntamiento, los
siguientes ACUERDOS:
1.-Instar al Gobierno Central a regular la prohibición
legal de todos los cortes de luz a familias con problemas económicos. Las
eléctricas deberán dirigirse a la administración para comprobar la situación de
las familias que no abonen sus recibos. Si sufren vulnerabilidad económica, no
podrán cortarles el suministro y el coste será asumido por las compañías.
2.-Instar al Gobierno Central a poner fin a los abusos tarifarios aprobando una
tarifa asequible a la que podrán acogerse todos los consumidores domésticos en
su primera residencia.
3.-Instar al Gobierno Central a crear una auténtica tarifa social
que sustituya al actual bono social por una tarifa de reducida cuantía dirigida
a las familias con bajos niveles de renta, y que realice los trámites oportunos
para que sea sufragada por las eléctricas.
4.-Instar al Gobierno Central a que realice las gestiones
necesarias para el Reconocimiento y devolución por parte de las grandes eléctricas de
los 3.500 millones de euros que cobraron indebidamente en conceptos de
Costes de Transición a la Competencia (CTCs).
5.-Instar al Gobierno Central a realizar una Auditoría
al sistema eléctrico, realizando un análisis de los costes del sistema desde
que se puso en marcha la liberalización del sector, con el objetivo de
determinar el precio real de las tarifas eléctricas.
6.-Instar al Gobierno Central a que aplique el
tipo de IVA superreducido a la electricidad, pasando del 21% actual al 4%
por ser considerado un servicio esencial para la ciudadanía.
Dar traslado de este acuerdo al Gobierno Central y a todos
los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados.
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