40 Aniversario de la Matanza de los abogados de Atocha.

ENLACE-La Sexta Columna. Atocha 1977: los mártires de la democracia

La noche del 24 de enero de 1977 un comando ultraderechista penetró en un despacho de abogados laboralistas de Comisiones Obreras (CCOO) y militantes del Partido Comunista de España (PCE), situado en el número 55 de la calle de Atocha y abrió fuego contra los allí presentes, matando a cinco personas y dejando heridas a cuatro.

Los terroristas llamaron al timbre del piso entre las 22:30 y 22:45. Eran dos jóvenes con armas de fuego con quienes iba una tercera persona, encargada de cortar los cables del teléfono y registrar los despachos.

Como consecuencia de los disparos resultaron muertos los abogados laboralistas Enrique Valdevira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz y Francisco Javier Sauquillo Pérez del Arco; el estudiante de derecho Serafín Holgado; y el administrativo Ángel Rodríguez Leal. Resultaron gravemente heridos Miguel Sarabia Gil, Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, Luis Ramos Pardo y Dolores González Ruiz, casada con Sauquillo.

Una de las abogadas del bufete,la actual Alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, pudo evitar el atentado porque Luis Javier Benavides le había pedido usar su despacho para una reunión.

Al entierro de las víctimas de Atocha asistieron más de cien mil personas. Fue la primera manifestación multitudinaria de la izquierda después de la muerte del dictador Franco, y transcurrió en silencio y sin incidentes. Le siguieron importantes huelgas y muestras de solidaridad en todo el país, además de un paro nacional de trabajadores el día después del atentado. En abril, tres meses después, la legalización se oficializó el día conocido como “Sábado Santo Rojo”, por ser sábado de la Semana Santa.

Se detuvo a José Fernández Cerrá, Carlos García Juliá y Fernando Lerdo de Tejada en calidad de autores materiales de los hechos, y a Francisco Albadalejo Corredera –secretario provincial del Sindicato Vertical del transporte, estrechamente vinculado con la mafia del transporte– como autor intelectual. También fueron detenidos Leocadio Jiménez Caravaca y Simón Ramón Fernández Palacios, excombatientes de la División Azul, por suministrar las armas, y Gloria Herguedas, novia de Cerrá, como cómplice. Sin embargo los propios agentes declinaron cobrar la recompensa por su captura. Durante el juicio se llamó a declarar a conocidos dirigentes de la extrema derecha, como Blas Piñar y Mariano Sánchez Covisa.

El tribunal que dictó sentencia el 4 de marzo de 1980 consideró que los procesados Francisco Albadalejo (secretario del Sindicato Vertical del Transporte Privado de Madrid y vinculado a FET de las JONS), José Fernández Cerrá, Carlos García Juliá y Leocadio Jiménez Caravaca constituían un "«grupo activista e ideológico, defensor de una ideología política radicalizada y totalitaria, disconforme con el cambio institucional que se estaba operando en España»". El fallo condenó a José Fernández Cerrá y Carlos García Juliá a un total de 193 años a cada uno de ellos, y a Francisco Albadalejo, a un total de 73 años.

El juez de la Audiencia Nacional encargado del caso, Rafael Gómez Chaparro, se negó a investigar más allá de los encausados comentados. La fuga antes del juicio de Lerdo de Tejada, que continúa en paradero desconocido a pesar de que su delito prescribió en 1997, durante un extraño permiso penitenciario por Semana Santa que Gómez Chaparro le concedió en abril de 1979, contribuyó a profundizar estas dudas que han perdurado hasta la actualidad. Además, Simón Ramón Fernández Palacios, falleció el 23 de enero de 1979.

La Audiencia Nacional condenó a los acusados a un total de 464 años de cárcel. José Fernández Cerrá y a Carlos García Juliá, autores materiales de los hechos a 193 años de prisión cada uno; 63 años a Francisco Albadalejo Corredera (fallecido en prisión en 1985); 4 años a Leocadio Jiménez Caravaca (fallecido en 1985 de cáncer de laringe), y a Gloria Herguedas Herrando, a un año.

García Juliá se fugó también 14 años después, al serle concedida la libertad condicional con todavía pendientes más de 3800 días o unos 10 años de prisión. Sería detenido a los dos años en Bolivia, esta vez por narcotráfico, y allí permanece en prisión, requerido por las autoridades judiciales españolas. Fernández Cerrá puesto en libertad tras 15 años en la cárcel, algunos lo sitúan trabajando en una empresa de seguridad.

 Jaime Sartorius, abogado de la acusación particular, declararía años después: Faltan las cabezas pensantes. No nos dejaron investigar. Para nosotros, las investigaciones apuntaban hacia los servicios secretos, pero sólo apuntaban. Con esto no quiero decir nada.