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miércoles, 17 de septiembre de 2014

Moción de IU para próximo Pleno Ordinario: “En defensa del Servicio Público de Correos”.




MOCION: EN DEFENSA DEL SERVICIO PÚBLICO DE CORREOS.

En un contexto como el actual, Correos juega un indudable papel para contribuir a la cohesión social, territorial y económica del país, tanto a nivel estatal como autonómico, asumiendo y prestando un servicio público a ciudadanos/as, empresas y administraciones en la totalidad de los núcleos de población, al margen de su rentabilidad económica. 

Los datos lo ponen en valor: más de 8.000 municipios atendidos, 16 millones de hogares, 3,2 millones de empresas (más del 99% son pymes) y un total de 7.100 puntos de atención en el ámbito rural (carteros rurales y oficinas) y más de 100.000 kilómetros diarios.

Consecuentemente, la regulación postal europea y española contempla mecanismos de financiación para garantizar la prestación del correo en todo el territorio. Un servicio público que sólo es atendido en amplias zonas por la empresa Correos y que, de no ser así, desaparecería, al no darse las condiciones de rentabilidad para su prestación por parte del sector privado. 

Se observa  con preocupación el sistemático asedio del servicio postal público por parte de algunos grupos de presión con fuertes intereses empresariales y financieros en el sector de la logística y la paquetería. Asedio empresarial, mediático y jurídico que podría afectar a millones de ciudadanos, así como al correcto funcionamiento de la Administración.

Se  ha tenido conocimiento de la demanda presentada a la Comisión Europea por la patronal del sector logístico, exigiendo al Estado español la devolución de la financiación del Servicio Postal Universal desde 1998. Mayor preocupación que los contenidos de la propia demanda supone, si cabe, la nula actuación del Gobierno en una cuestión que afecta no ya a Correos, sino al propio papel del Estado (porque es al Estado a quien se ataca) como responsable de garantizar la prestación del servicio postal público. 

El estrechamiento de márgenes económicos y empresariales que, como consecuencia de la apatía de los responsables políticos directos (Ministerio de Hacienda, Fomento y SEPI), está sufriendo el operador, está conllevando un coste social muy alto a nivel general (8.000 puestos suprimidos, miles de barrios sin reparto, cientos de zonas rurales descubiertas, más de 16 millones de ciudadanos de medianas y pequeñas poblaciones afectadas) y en nuestra Comunidad Autónoma en la que el ajuste ha significado en concreto: 121 puestos suprimidos en los últimos tres años, las poblaciones de Don Benito, Villanueva de la Serena, Mérida, Alcántara, Almendralejo, Villafranca de los Barros, Valle del Jerte, Comarca de Los Ibores y un largo etc. sin reparto regular, miles de ciudadanos afectados por la pérdida o debilitamiento del servicio postal, cientos de kilómetros de reparto recortado, etc. Y, sobre todo, puede afectar a medio plazo a la futura viabilidad empresarial de Correos, al servicio público que presta y al empleo de los casi 55.000 de trabajadores. 

A fecha de hoy la paz social con los representantes de los trabajadores y trabajadoras está a punto de romperse como lo demuestra el bloqueo del Convenio Colectivo tras 6 meses de negociación sin avance alguno o las distintas movilizaciones y paros que empiezan a surgir en diversas provincias y esto puede impedir el desarrollo del Plan de Acción de Correos (plan de desarrollo empresarial).

Así las cosas, de no darse un posicionamiento del Gobierno en este sentido, consideramos que -además de realizar una clara dejación de responsabilidades- se podría poner en peligro la figura del cartero y de los servicios postales a la ciudadanía, y, tal y como han anunciado las organizaciones sindicales, hay un claro riesgo de conflictividad laboral y social.

Por lo expuesto, el Pleno del Ayuntamiento de Guareña a través de esta MOCIÓN REQUIERE AL GOBIERNO DE LA NACIÓN  para que tome las siguientes medidas necesarias para garantizar la viabilidad del servicio postal público:

1ª.- Definiendo una posición de Estado que exprese sin ambigüedad su defensa del servicio postal público y sus compromisos con el futuro de Correos como empresa puntera del sector público, cesando cuanto antes las disputas de intereses y posiciones entre Ministerios.

2ª.- Garantizando los compromisos de financiación para la prestación de los servicios postales a todos los ciudadanos expresados y aprobados en sede del Parlamento Español.

3ª.- Impulsando una regulación del mercado que no recorte el PLAN DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO POSTAL UNIVERSAL a los ciudadanos y que cierre espacios a los intereses mercantiles que las multinacionales y lobbies financieros que sólo buscan beneficio y rentabilidad a corto plazo a cuenta del derecho de los ciudadanos.

4ª.- Asegurando que los ciudadanos reciban el reparto de correspondencia 5 días a la semana como mandata la Directiva Postal europea.

5ª.- Desbloqueando las medidas ministeriales que están impidiendo a Correos la transición de la carta, hoy en clara caída por el efecto sustitución, hacia nuevos mercados, sobre todo paquetería.

6ª.- Desbloqueando las decisiones ministeriales que impiden para la consecución de un acuerdo laboral, hoy inexistente, del que dependerá el empleo y las condiciones de 55.000 trabajadores, pero también la paz social a punto de romperse y, en consecuencia, la estabilidad en la gestión del operador público Correos.

7ª Garantizando el 100% de participación pública en la Sociedad Anónima Estatal de Correos. 

 Se  dará  traslado  de este acuerdo al Gobierno de la Nación y a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de Diputados.

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