MOCION: EN DEFENSA DEL SERVICIO PÚBLICO DE
CORREOS.
En
un contexto como el actual, Correos juega un indudable papel para contribuir a
la cohesión social, territorial y económica del país, tanto a nivel estatal
como autonómico, asumiendo y prestando un servicio público a ciudadanos/as,
empresas y administraciones en la totalidad de los núcleos de población, al
margen de su rentabilidad económica.
Los
datos lo ponen en valor: más de 8.000 municipios atendidos, 16 millones de
hogares, 3,2 millones de empresas (más del 99% son pymes) y un total de 7.100
puntos de atención en el ámbito rural (carteros rurales y oficinas) y más de
100.000 kilómetros diarios.
Consecuentemente,
la regulación postal europea y española contempla mecanismos de financiación
para garantizar la prestación del correo en todo el territorio. Un servicio
público que sólo es atendido en amplias zonas por la empresa Correos y que, de
no ser así, desaparecería, al no darse las condiciones de rentabilidad para su
prestación por parte del sector privado.
Se
observa con preocupación el sistemático
asedio del servicio postal público por parte de algunos grupos de presión con
fuertes intereses empresariales y financieros en el sector de la logística y la
paquetería. Asedio empresarial, mediático y jurídico que podría afectar a
millones de ciudadanos, así como al correcto funcionamiento de la
Administración.
Se ha tenido conocimiento de la demanda
presentada a la Comisión Europea por la patronal del sector logístico,
exigiendo al Estado español la devolución de la financiación del Servicio
Postal Universal desde 1998. Mayor preocupación que los contenidos de la propia
demanda supone, si cabe, la nula actuación del Gobierno en una cuestión que
afecta no ya a Correos, sino al propio papel del Estado (porque es al Estado a
quien se ataca) como responsable de garantizar la prestación del servicio
postal público.
El
estrechamiento de márgenes económicos y empresariales que, como consecuencia de
la apatía de los responsables políticos directos (Ministerio de Hacienda,
Fomento y SEPI), está sufriendo el operador, está conllevando un coste social
muy alto a nivel general (8.000 puestos suprimidos, miles de barrios sin
reparto, cientos de zonas rurales descubiertas, más de 16 millones de
ciudadanos de medianas y pequeñas poblaciones afectadas) y en nuestra Comunidad
Autónoma en la que el ajuste ha significado en concreto: 121 puestos suprimidos
en los últimos tres años, las poblaciones de Don Benito, Villanueva de la
Serena, Mérida, Alcántara, Almendralejo, Villafranca de los Barros, Valle del
Jerte, Comarca de Los Ibores y un largo etc. sin reparto regular, miles de
ciudadanos afectados por la pérdida o debilitamiento del servicio postal,
cientos de kilómetros de reparto recortado, etc. Y, sobre todo, puede afectar a
medio plazo a la futura viabilidad empresarial de Correos, al servicio público
que presta y al empleo de los casi 55.000 de trabajadores.
A
fecha de hoy la paz social con los representantes de los trabajadores y
trabajadoras está a punto de romperse como lo demuestra el bloqueo del Convenio
Colectivo tras 6 meses de negociación sin avance alguno o las distintas
movilizaciones y paros que empiezan a surgir en diversas provincias y esto
puede impedir el desarrollo del Plan de Acción de Correos (plan de desarrollo
empresarial).
Así
las cosas, de no darse un posicionamiento del Gobierno en este sentido,
consideramos que -además de realizar una clara dejación de responsabilidades-
se podría poner en peligro la figura del cartero y de los servicios postales a
la ciudadanía, y, tal y como han anunciado las organizaciones sindicales, hay
un claro riesgo de conflictividad laboral y social.
Por lo expuesto, el Pleno del Ayuntamiento de
Guareña a través de esta MOCIÓN REQUIERE
AL GOBIERNO DE LA NACIÓN para que
tome las siguientes medidas necesarias para garantizar la viabilidad del
servicio postal público:
1ª.-
Definiendo una posición de Estado que exprese sin ambigüedad su defensa del
servicio postal público y sus compromisos con el futuro de Correos como empresa
puntera del sector público, cesando cuanto antes las disputas de intereses y
posiciones entre Ministerios.
2ª.-
Garantizando los compromisos de financiación para la prestación de los
servicios postales a todos los ciudadanos expresados y aprobados en sede del
Parlamento Español.
3ª.-
Impulsando una regulación del mercado que no recorte el PLAN DE PRESTACIÓN DEL
SERVICIO POSTAL UNIVERSAL a los ciudadanos y que cierre espacios a los
intereses mercantiles que las multinacionales y lobbies financieros que sólo
buscan beneficio y rentabilidad a corto plazo a cuenta del derecho de los
ciudadanos.
4ª.-
Asegurando que los ciudadanos reciban el reparto de correspondencia 5 días a la
semana como mandata la Directiva Postal europea.
5ª.-
Desbloqueando las medidas ministeriales que están impidiendo a Correos la
transición de la carta, hoy en clara caída por el efecto sustitución, hacia
nuevos mercados, sobre todo paquetería.
6ª.-
Desbloqueando las decisiones ministeriales que impiden para la consecución de
un acuerdo laboral, hoy inexistente, del que dependerá el empleo y las
condiciones de 55.000 trabajadores, pero también la paz social a punto de
romperse y, en consecuencia, la estabilidad en la gestión del operador público Correos.
7ª Garantizando el 100% de participación pública en la Sociedad
Anónima Estatal de Correos.
Se dará
traslado de este acuerdo al
Gobierno de la Nación y a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de
Diputados.
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