Desde
Izquierda Unida nos sumamos al grito de Ni Una Menos este 25 de
noviembre de 2018. No queremos ni una asesinada más, ni una violada, acosada,
discriminada, invisibilizada o marginada por etnia, procedencia, edad,
diversidad funcional, sexual o identidad de género. Exigimos que las instituciones
asuman su responsabilidad en la lucha contra la Violencia de Género. Unas
instituciones que han venido actuando con una visión parcial, con una legislación
sin aplicación efectiva, con diferencias territoriales y sin los presupuestos,
ni el personal necesario para cumplir sus obligaciones, faltando a su
responsabilidad de proteger y combatir la normalización de las violencias.
2018
vuelve a ser un año plagado de escándalos machistas. La sentencia dictada
contra Juana Rivas o la del caso de La Manada. El alarmante aumento de
casos de violación grupal. La descarada y reiterada desidia, cuando no abierta
hostilidad del poder judicial, con casos tan sangrantes como el titular del
juzgado de Violencia sobre la Mujer número 7 de Madrid —Francisco Javier Martínez
Derqui—dirigiendo insultos directos
a una víctima de Violencia de Género. Frente a eso, un Pacto de Estado insuficiente
y sin aplicación real, y un Informe Sombra al GREVIO que suspende rotundamente
al
Estado
Español en la lucha contra la Violencia de Género.
Afortunadamente,
este 2018 también estamos viviendo la respuesta social de un movimiento
feminista organizado y plural, subversivo, anticapitalista, antirracista,
ecologista e internacionalista, que moviliza a millones de mujeres y que está
redefiniendo el sentido común de nuestra sociedad. Debemos tener presente la
enorme importancia del feminismo en un momento en el que tenemos que dar una
dura batalla contra el neoliberalismo, el autoritarismo, la intolerancia y el
fascismo, que avanzan internacionalmente. Luchemos desde el feminismo, todas y
todos juntos para una sociedad justa, libre de violencias y radicalmente
democrática.
Por
todo ello, desde Izquierda Unida entendemos que es urgente:
-Que se modifique la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género ampliando la propia definición de
violencia de género, cumpliendo con lo ratificado
dentro el Convenio de Estambul en 2014. Es decir, que se incluyan las
violencias contra las mujeres fuera del ámbito de la pareja o
expareja, que se incorpore la violencia sexual, laboral, institucional y también
que se incorporen los vientres de alquiler y la prostitución como violencia de
género.
-Que se ponga en marcha el Pacto de Estado contra la Violencia
de Género. Es inadmisible que después
de un año de trabajo en la subcomisión del Congreso, tengamos un pacto
insuficiente, sin calendario ni presupuestos decentes; que solo a través del
decreto 9/2018 del gobierno del PSOE se hayan puesto en marcha 7 de las 213
medidas, donde el presupuesto desbloqueado para la gestión local no tenga un
indicativo de qué objetivos tiene ni cómo debe ser su implantación.
-Que se incluya en los Presupuestos Generales del Estado, la lucha
contra la Violencia de Género con una dotación económica suficiente para implementar las políticas de prevención, asistencia,
protección, justicia y reparación además de un calendario y una evaluación de
las mismas donde se incluya además una partida con una nueva Estrategia
Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer.
-Que existan Planes Estratégicos de Igualdad con recursos humanos
y materiales. No existen dichos planes
desde 2016, y cuando existieron han sido intermitentes y sin los recursos
necesarios.
-Que las campañas promovidas desde la Delegación de Gobierno
para la Violencia de Género tengan una perspectiva feminista. No queremos más campañas orientadas a que las mujeres estemos
vigilantes y combatamos actitudes y acciones violentas machistas.
-Que se amplíen los cauces de participación de las organizaciones
feministas en el Congreso, Senado,
Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.
-Que se mejoren los datos para la sensibilización social y la planificación
y evaluación de las políticas de igualdad. Debemos
explicar públicamente por qué ha fallado el sistema de protección y cómo
debemos abordarlo.
-Que se enseñe educación afectivo-sexual y contra la
discriminación y violencia de género desde la
óptica feminista y desde la diversidad sexual e identidad de género en todas
las fases educativas.
-Que se desarrollen planes de formación y sensibilización contra
la violencia de género de obligado cumplimiento al personal sanitario,
educativo, jurídico y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con cursos mantenidos en el tiempo, actualizados y evaluables.
-Que las y los trabajadores sociales, de atención a las víctimas,
del teléfono 016 y todo el personal de la Red de Servicios de VG dejen de ser
trabajos externalizados, de gestión indirecta y eventuales, para una red de servicios pública y con empleos dignos como primer
paso para la buena atención, información y asistencia de las víctimas de
VG.
-Que se mejore la asistencia social, jurídica y psicológica establecida
en el título II de la Ley 1/2004, con
financiación, cooperación interinstitucional, y sin supeditar las medidas a la
denuncia judicial de la víctima.
-Que se desarrollen planes laborales efectivos a víctimas con o
sin empleo en todo el territorio español
para que las mujeres podamos desarrollar una vida digna.
-Que
se debata en el Congreso de los Diputados la Ley orgánica para la erradicación
de la prostitución, presentada por las diputadas de IU.
-Que se desarrollen medidas legislativas efectivas para la
eliminación la Brecha Salarial, incluida la de las pensiones, en el Estado
Español.
-Que se desarrolle una Ley Integral para luchar contra la Trata de
Seres Humanos, que además de prevenir y
perseguir esta lacra y a las redes de delincuentes que se lucran con esta
«esclavitud moderna», contenga un plan de integración para las miles de
víctimas, la mayor parte mujeres y niñas, aún sin cuantificar en el Estado
español, que es uno de los principales destinos europeos de las migrantes
captadas por las redes para ejercer la prostitución.
Por
todo lo anterior, desde Izquierda Unida exigimos una estrategia estructural
que luche en todos los ámbitos, con recursos económicos y humanos
suficientes para que la política no se quede en la firma de documentos
institucionales mientras tenemos una realidad inadmisible de violencias y desprotección
para las mujeres.
Desde
nuestra organización apoyamos las movilizaciones organizadas en el Estado
español este 25 de noviembre para reivindicar una sociedad libre de
violencia de género.
NI VIOLENCIA MACHISTA NI JUSTICIA PATRIARCAL
ÁREA DE LA MUJER DE IZQUIERDA UNIDA
area.mujer@izquierdaunida.org
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