MOCION DE IZQUIERDA UNIDA PARA PROXIMO PLENO: Apoyo a la proposición de ley para la aplicación de medidas urgentes en materia de régimen local presentada en el Congreso de los Diputados.

MOCION: APOYO  A LA PROPOSICIÓN DE LEY PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE RÉGIMEN LOCAL PRESENTADA EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.

Las Administraciones Locales han sido una de las grandes perjudicadas por las políticas de austeridad llevadas a cabo en los últimos años por el Gobierno central del Partido Popular. La modificación del artículo 135 de la Constitución Española en el año 2011 elevó al máximo exponente normativo el concepto de “estabilidad presupuestaria”, que fue posteriormente desarrollado a través de la Ley Orgánica 2/2012, de​ 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y cuya puntilla puso la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local conocida como “Ley Montoro”.

Desde entonces, las reformas impulsadas desde el Gobierno Central han supuesto un retroceso considerable en la autonomía de los gobiernos locales. Nos encontramos ante una situación de emergencia histórica en el municipalismo , y por ello es urgente e imprescindible acabar con la asfixia competencial y financiera actual que la Ley 27/2013 somete a los municipios. Una Ley que además contó, desde su tramitación, con el absoluto rechazo de casi todas las fuerzas parlamentarias representadas en las Cortes Generales. Muestra de ello es el nulo consenso que se generó durante su elaboración y aprobación, así como el recurso de  inconstitucionalidad interpuesto ante el Tribunal Constitucional por parte de casi todo el arco parlamentario, que se unió a los presentados y admitidos por distintos Parlamentos y Gobiernos Autonómicos.   

En el caso de los municipios, han sido más de 3.000 ayuntamientos de todo el Estado español, que representan a más de 16 millones de ciudadanos y ciudadanas, los que expresaron su rechazo a esta normativa y salieron en defensa de la autonomía local.

Supuestamente, el objetivo de la Ley 27/2013 era ajustar el funcionamiento de las Administraciones Locales a la coyuntura económica bajo el pretexto del despilfarro, el solapamiento de competencias y el incumplimiento financiero; sin embargo, los efectos que en realidad se ha producido han sido una merma importante en los servicios públicos prestados por los entes locales, un incremento de las privatizaciones con su consecuente aumento de costes para la administración y una reducción en las competencias municipales.

  En este sentido, la ley introdujo cambios sustanciales en el funcionamiento de Ayuntamientos, Diputaciones (o similares) y Comunidades Autónomas amputando garantías democráticas, de representación y participación ciudadana, recortando servicios sociales que se prestaban en los municipios de manera satisfactoria, y, en consecuencia, atentando contra el ámbito competencial de las CCAA y contra la autonomía local, como incluso ha declarado el propio Tribunal Constitucional.

Por todo lo anterior, el pasado día 4 de octubre de 2016 se registró en el Congreso de los Diputados la Proposición de Ley para la aplicación de medidas urgentes en materia de régimen local por el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que contó con el apoyo de los Ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Zaragoza, Cádiz, A Coruña o Valencia, entre otros. Con dicha Proposición se pretende volver temporalmente al consenso anterior a 2013, e implementar medidas urgentes que permitan a los Ayuntamientos, hasta que haya una nueva Ley de Bases de Régimen Local, prestar los servicios esenciales necesarios para el funcionamiento de nuestras ciudades. En la misma se entiende que el ámbito local constituye un espacio fundamental para la defensa y la lucha de derechos sociales como el derecho a la sanidad, a la educación o a la vivienda y que por tanto es necesario sentar las bases del nuevo municipalismo del Siglo XXI, que tenga como bases la elaboración de una nueva Ley de Bases de Régimen Local, para clarificar y aumentar las competencias de los Entes Locales; garantizar un nuevo sistema de financiación local que asegure derechos y la prestación de servicios esenciales; y garantizar la transparencia y la participación directa y vinculante de la ciudadanía.

En definitiva se trata de construir ciudades con derechos, y recuperar los derechos de las personas que las habitan.

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida propone a este Pleno del Ayuntamiento de Guareña, los siguientes ACUERDOS:

1.-Apoyar la tramitación de dicha proposición de ley y, por consiguiente, apoyar la derogación y modificación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local en el Congreso de los diputados.

2.-Instar al Gobierno Central y a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados a que faciliten y apoyen un proceso participativo en el que estén representados los entes locales, las asociaciones de municipios, la sociedad civil y la ciudadanía en su conjunto, donde se elaboren las bases para la construcción del  nuevo municipalismo del siglo XXI. Las bases de este nuevo municipalismo deben partir de la asunción de nuevas competencias, de garantizar una financiación adecuada y suficiente para las corporaciones locales, y de garantizar la transparencia y la participación vinculante de la ciudadanía.

3.-Dar traslado de este acuerdo al Gobierno Central y a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados.

MAS INFORMACION:

ENLACE- Mocion I.U Pleno Ordinario 2 Mayo 2013: CONTRA LA "LEY PARA LA RACIONALIZACION Y LA SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACION LOCAL". 

ENLACE-Contra la Reforma de la Administración Local del P.P. ¡Defiende tu pueblo, defiende tu ciudad! 

ENLACE-Moción conjunta PSOE-IU Pleno Ordinario 6 Marzo 2014.Inconstitucionalidad de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local 

MANIFIESTO DE OVIEDO

Nosotra/os, concejala/es, diputada/os, activistas y ciudadana/os, conscientes de la necesidad de un verdadero cambio en las políticas, desde municipales hasta estatales, rechazamos el endeudamiento ilegítimo y la austeridad que impiden garantizar derechos, servicios de calidad y la mejora de las condiciones de vida de nuestros pueblos. 

Consideramos la modificación del Artículo 135 de la Constitución de 2011, la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la 'Ley Montoro' de la Administración Local unas legislaciones profundamente injustas que se han impuesto sin legitimidad democrática. De hecho, la 'Ley Montoro' ha sido declarada parcialmente inconstitucional. La aplicación de estas normas socava la autonomía de ayuntamientos y gobiernos autonómicos y ataca los derechos de la ciudadanía.  

La socialización de las pérdidas que supuso el rescate a la banca española -disparó la deuda y el déficit en 2012-, se sigue promoviendo con medidas como el Plan de Pago a Proveedores (FFPP) de los ayuntamientos o el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que lejos de servir a los intereses generales, en realidad a quien ha servido es a los bancos, convirtiendo deuda comercial en deuda financiera y aplicando a las Administraciones Públicas unas tasas de interés abusivas hasta 26 veces superiores a las que el BCE aplica a las entidades financieras. Tanto en los ayuntamientos y comunidades sobreendeudados por obras faraónicas e inútiles, pelotazos urbanísticos, sobrefacturaciones, sobornos y todo tipo de corruptelas, como en administraciones en principio saneadas, el Plan de Pago a Proveedores y el FLA han inflado la deuda pública de manera ilegítima. 

El Gobierno ha demostrado que cuando le interesa sí alivia la deuda. Así, en 2015, año electoral, el Gobierno de Rajoy eliminó los intereses que los municipios tenían que pagar a los bancos y los postergó al año siguiente, imponiendo incluso a los bancos una rebaja en los intereses durante siete años, reconociendo así que éstos eran claramente abusivos.

Llevamos desde 2010 soportando unos salvajes recortes económicos y de derechos. En el último año, el Gobierno, pese a estar en funciones, ha seguido aplicando la austeridad impuesta desde la UE, con especial saña hacia ayuntamientos, que son las corporaciones más cercanas a la población, y CCAA, encargadas de cubrir necesidades básicas como la educación o la sanidad, aunque son las Administraciones Públicas menos endeudadas (un 2,7% y un 21,2%, respectivamente, en comparación con el 74,7% de la Administración Central). El total de la deuda pública en el segundo trimestre de 2016 alcanzó el 100,5% del PIB.

 Por todo ello, exigimos:

Un cambio radical de la política de asfixia financiera aplicada por el Gobierno Central hacia ayuntamientos y Comunidades Autónomas (CCAA) 

La derogación de la reforma del Artículo 135 de la Constitución de 2011, la de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

La devolución por parte de los bancos de los intereses abusivos cobrados. 

El cese inmediato de los recortes y la austeridad, revirtiendo sus consecuencias, identificando a sus culpables e indemnizando a sus víctimas.

Y nos comprometemos: 

A apoyar la constitución de un frente formado por los municipios, las Comunidades Autónomas y las nacionalidades del Estado español que cuestione la deuda ilegítima y que trabaje para su anulación; un frente que permita romper el aislamiento y la fragmentación; un frente que permita tomar iniciativas para cambiar de manera favorable la correlación de fuerzas respecto al Gobierno; un frente donde los municipios fuertes brinden apoyo a los más débiles y más afectados por las deudas ilegítimas; un frente para tomar iniciativas y llevar a cabo acciones para liberarse del yugo de la deuda ilegítima y que permitan encontrar financiación legítima para garantizar a la ciudadanía el gozo de sus derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos.  

Deben iniciarse procesos de auditorías con participación ciudadana de la deuda de nuestras Administraciones Públicas y reclamar la anulación de las deudas identificadas como ilegítimas que hayan favorecido al interés particular de una minoría privilegiada y en contra de los intereses de la/os ciudadana/os.