Izquierda Unida sobre las pensiones y el Pacto de Toledo.

Izquierda Unida sobre las pensiones y el Pacto de Toledo.

20/02/2019

Izquierda Unida ni el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos – En Comú

Podem – En Marea no han bloqueado, ni han salido del Pacto de Toledo.

El Pacto de Toledo nació, entre otras cuestiones, para sacar del debate político a las

pensiones y lograr consensos de cara a evitar que el gasto público de las mismas

perturbe la estabilidad económico-financiera y la consolidación fiscal de las cuentas.

Es por ello, que en cuanto propones votos particulares sobre discrepancias te acusan

de romper el consenso.

Vamos a presentar votos particulares en los temas que tenemos discrepancias (como

hemos hecho siempre). La respuesta de los otros grupos ha sido que rompíamos el

Pacto de Toledo.

Las recomendaciones sobre las que tenemos discrepancias son:

• Ampliar el cálculo de la jubilación a toda la vida laboral, lo que supone una

disminución del valor de las pensiones públicas.

• Aumento de la edad de jubilación, extendiéndola a más allá de los 67 y más de

37 años cotizados.

• Fomentar los planes complementarios, abriendo la puerta a la privatización y

planes privados de las pensiones y a la mochila austriaca, para compensar la

caída de las pensiones públicas.

• Las pensiones de viudedad, replantearlas en función a los ingresos disponibles

del Estado, lo cual lleva a una mayor pérdida de poder adquisitivo de las

mismas y disminución de las cuantías.

Sin embargo, consideramos que las Pensiones es uno de los debates políticos más

importantes en nuestro país. La movilización social y la lucha por unas pensiones

dignas es amplia. No olvidemos que las Pensiones son el instrumento antipobreza

más importante que existe en nuestro país.

Frente a ello, la posición de Izquierda Unida y del Grupo Confederal se basa en:

1- Reforzar el principio de contributividad. Las aportaciones de cada trabajador

se deben tener en cuenta sin que se utilice para reducir la cuantía de la

pensión, como persiguen los cambios en la edad de jubilación, los años

exigidos, etc.

2- Principio de solidaridad. No puede ni debe reducirse la mejora de las

pensiones más bajas cuando las pensiones mínimas ya se encuentran en el

umbral de la pobreza. La excusa que utilizan es que elevarlas desincentivan el

deber de cotizar más.

3- La brecha de género sigue siendo un problema real sin corregirse en nuestro

sistema de pensiones, ya que viene condicionada por la brecha salarial y

carreras de cotización discontinuas.

4- Es inadmisible aumentar el periodo de cálculo de la pensión de jubilación

a toda la vida laboral. La evidencia constata que reduce la cuantía de la

pensión. La última reforma la amplió a los últimos 25 años y ha reducido el

valor de las pensiones. Además, hay que tener en cuenta que con la última

década de crisis, aumento de desempleo, precariedad y reducciones salariales,

un cálculo llevado a toda la vida laboral perjudicará a la gran mayoría de las

persones trabajadoras activas en la actualidad. La comisión del Pacto de

Toledo ahonda en esto con la excusa de la “sostenibilidad del sistema de

pensiones”. La solución a este problema no puede ser el parche de que,

además con carácter excepcional, el beneficiario con carreras largas, pero

cuyos últimos diez o 15 años hayan sido de cotizaciones más bajas o de paro o

de subsidio de desempleo, pueda descartar algún año concreto del periodo de

cálculo ordinario.

5- Rechazamos el aumento de 35 a 37 años del periodo cotizado necesario

para alcanzar el 100% de la pensión. Con la situación de temporalidad,

desempleo y precariedad de nuestro mercado laboral, esta medida contribuye

a reducir las cuantías de las pensiones al reducir el número de personas

trabajadoras que puedan alcanzar esos años cotizados.

6- La Comisión del Pacto de Toledo no se plantea como objetivo garantizar la

suficiencia de las pensiones del art. 50 de la Constitución que exige una

solidaridad a través de los Presupuestos Generales del Estado. Ni a través de

la pensiones mínimas, mediante los complementos por mínimos, ni la

suficiencia desarrollada en el tiempo mediante en que consiste una

revalorización garantizada y blindada por ley. No garantiza de manera efectiva

y con clara voluntad política la suficiencia de las pensiones.

7- Rechazamos el aumento de la vida laboral más allá de los 67. La Comisión

del Pacto de Toledo sigue apostando por la prolongación de la vida profesional

como respuesta al alargamiento de la esperanza de vida a fin de garantizar la

sostenibilidad financiera del sistema.

8- La separación de fuentes de financiación debe concebirse de manera diferente

a como se ha hecho desde 1995. No debe ser la excusa para que si por vía

contributiva no se recaudan suficientes cotizaciones se rebajen las

prestaciones y las pensiones para restaurar el equilibrio financiero en lugar de

buscar nuevas fuentes de financiación tanto a nivel contributivo como

fiscales para alcanzar tal equilibrio. No estamos de acuerdo con la argucia de

que los déficits se afronten mediante préstamos a cargo del Estado cuando

debe ser el Estado el que lo garantice directamente por la Ley de presupuestos

la financiación por vía fiscal. El acudir a préstamos refuerza la idea de déficit y

de insostenibilidad del sistema.

9- No compartimos ni la existencia del Fondo de Reserva ni que se

establezca una dotación mínima del Fondo de Reserva, equivalente al

7% del gasto anual en pensiones contributivas, sujeta a una regla

endurecida de disponibilidad cuando por otro lado no se garantizan

pensiones suficientes o se reduce su cuantía.

El Fondo de Reserva promovido por el Pacto de Toledo con el objeto de que

los excedentes financieros procedentes de los ejercicios presupuestarios de los

periodos de bonanza permitiesen dotar a los órganos rectores del sistema de

Seguridad Social con un margen de maniobra suficiente para reaccionar frente

a las fases bajas del ciclo económico y a tensiones coyunturales, sin necesidad

de acudir a reducciones en las prestaciones o incrementos en las cotizaciones.

Este objetivo del pacto de Toledo no se ha conseguido pues la existencia del

Fondo de Reserva no ha impedido dos reformas de gran calado que suponen

recorte de pensiones como la de 2011 y 2013. Al contrario, más bien ha

impedido replantear el papel del Estado y la búsqueda de otras fuentes de

financiación.

Volver a restaurar el Fondo de Reserva y a la idea de que puede ser una

importante ayuda para resolver –durante un mayor o menor período de

tiempo- desequilibrios coyunturales entre los ingresos y los gastos de la

Seguridad Social es persistir en esta separación de la Seguridad Social

del Estado y favorece que la idea de sostenibilidad se haga a costa de

reducir la cuantía de las pensiones.

10- La Comisión del Pacto de Toledo no contempla medidas efectivas para evitar la

futura privatización de la gestión de las pensiones.

11- No compartimos que se consideren los sistemas complementarios,

especialmente los planes de pensiones privados como un segundo

nivel de la Seguridad Social, puesto que implica una puerta a la

privatización. Incluso aun cuando no tengan como objetivo sustituir

las pensiones públicas no compartimos la apuesta por impulsar su

implantación efectiva, incluso aunque se recuperen los salarios que

siguen siendo bajos. No admitimos por ello que deba dotarse a dichas

entidades de un régimen fiscal y jurídico adecuado y diferenciado,

mejorando el existente en la actualidad y entendiendo que en ningún

caso dichos sistemas de ahorro puedan ser considerados como meros

productos financieros.

ACCIÓN INSTITUCIONAL DE IZQUIERDA UNIDA